Políticas de regulación del cannabis medicinal

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Las experiencias de regulación de los mercados de cannabis en Uruguay, algunos estados de Estados Unidos y Canadá se han convertido en auténticos laboratorios sociales a los que el resto del mundo mira en busca de respuestas, soluciones e inspiración.
Actualmente, decenas de países de todos los continentes cuentan con programas de cannabis medicinal. En el contexto europeo, por ejemplo, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Portugal o Italia. También Israel, Argentina, Chile, Colombia, México, Tailandia, Australia o Nueva Zelanda. Una lista que se va ampliando año tras año.
En 1996 el estado de California aprobó en referéndum la legalización del cannabis medicinal. En los años siguientes le siguieron Canadá y Países Bajos en 2001. Israel lanzó su programa de cannabis medicinal en 2007.

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

En primera instancia la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, en inglés INCB), organismo de Naciones Unidas encargado de velar por la correcta aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, no tardó en reaccionar. La Junta criticó a estos países por contravenir los principios de los tratados, aunque estos permiten los usos médicos y científicos de las sustancias fiscalizadas.
A pesar de ello, otros países y territorios se fueron sumando a la regulación medicinal, al considerar que paliar el sufrimiento de las personas que utilizan cannabis para aliviar sus dolencias no constituye una violación de los convenios internacionales sobre drogas, sino que garantiza derechos humanos universalmente reconocidos, como lo son el derecho a la salud y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Esto dio lugar a que en 2014 la JIFE se rindiera a la evidencia y estableciera, en su Informe Anual de ese año que “la Convención Única permite a los Estados parte del uso del cannabis con fines médicos”.

Solo bajo prescripción médica

Los criterios que han de cumplir los Estados que desean implementar programas de cannabis medicinal sin dejar de cumplir las normas internacionales son fundamentalmente dos:
  • El primero, el gobierno ha de establecer una oficina encargada del control y la distribución del cannabis.
  • El segundo, dicho cannabis únicamente puede ser adquirido bajo prescripción médica, de tal forma que no pueda ser derivado al mercado ilícito.
La JIFE considera expresamente prohibido el cultivo de cannabis para uso personal con fines médicos, pues afirma que esto supondría un riesgo elevado de que las personas que lo cultivan por necesidades médicas puedan derivarlo al mercado ilícito, o favorecer el acceso al mismo por parte de terceros.

Políticas en el mundo sobre la regulación del cannabis medicinal

Muchos son los aspectos destacables de los diferentes programas de cannabis medicinal existentes en el mundo. Quizá los ejemplos más paradigmáticos sean los de Países Bajos e Israel.
En Israel se dispone además de una gran variedad de productos de cannabis, entre ellos diferentes aceites realizados con la planta. Además, gracias a su programa de cannabis medicinal, el país se ha convertido en la primera potencia mundial en investigación médica con cannabis.

Cada vez más investigaciones concluyen que muchos pacientes sustituyen sus tratamientos con ansiolíticos, antidepresivos o analgésicos por el uso de cannabis.

Entre los avances más recientes se encuentra el haber documentado por primera vez los beneficios del cannabis para el tratamiento del autismo infantil. En Israel también está permitido el uso del cannabis en los geriátricos, donde se ha observado su efecto beneficioso en personas ancianas con enfermedades neurodegenerativas como el Párkinson.
Los programas de cannabis medicinal se están mostrando además beneficiosos en términos de salud pública: cada vez hay más investigaciones que concluyen que muchos pacientes sustituyen sus tratamientos con ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos por el uso del cannabis.

¿Para cuándo un programa de cannabis medicinal en España?

En España asociaciones de pacientes de cannabis medicinal y sus familiares y cuidadoras llevan varios años reclamándolo. La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC) y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) han conseguido llevar estas reivindicaciones a la clase política.
Proposiciones no de ley sobre esta cuestión han sido registradas en algunos parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados. Así, en su compromiso hacia la reforma de la política sobre el cannabis en España, Podemos integrado en el grupo Mixto, ha registrado una propuesta legislativa significativa en el Congreso de los Diputados que va un poco más allá: la Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas.
Esta iniciativa, que ya fue planteada en la legislatura anterior, pero quedó en suspenso debido a la convocatoria anticipada de elecciones, ha sido revitalizada por Podemos ahora que el partido ha recuperado su capacidad de presentación de leyes al unirse al grupo mixto.
Pero por el momento no parece que exista un consenso político suficiente, ni entre la clase política ni entre el colectivo médico, y no se han hecho avances significativos en su aprobación. Aunque el debate está cada vez más presente en la sociedad y en los medios de comunicación.
La elección entre regulación medicinal o regulación integral del cannabis es obviamente una decisión política. Una decisión compleja, dado el riesgo evidente que supone regular únicamente un determinado uso del cannabis, dejando otros en la clandestinidad.
Analizar los avances en otros países es clave, y más todavía regular de una manera coherente con las necesidades y características de nuestra propia sociedad. En España el uso recreativo está muy extendido y normalizado. Además, existe un colectivo numeroso de personas que realizan un uso medicinal del cannabis. Una regulación que pretenda ser exitosa debe tener en cuenta estas realidades.
También debe legislarse sobre la base de las propuestas de la sociedad civil en este ámbito. El terreno está abonado, solo falta la voluntad política ¿La tendrá el actual gobierno de España, liderado aún por fuerzas de izquierda?