Dicho estudio hacía su evaluación tomando como referencia un modelo de regulación híbrido, es decir, una parte de la demanda se abastecería por canales no lucrativos (autocultivo y clubes sociales como el nuestro) y el resto por circuitos comerciales. Si el millón de kilos de marihuana necesarios para abastecer la demanda española anual, circulasen exclusivamente por circuitos comerciales, el volumen de negocio ascendería a unos 12.000 millones de euros.
El desembarco extranjero
Ante una hipotética regulación del cannabis, algunas empresas extranjeras han empezado a mover ficha para situarse en el mercado español. Desde hace años, algunos clubes de cannabis, especialmente de nuestra ciudad Barcelona, están empezando a ser controlados por capital extranjero.
No es casual que determinadas empresas norteamericanas de inversión hayan organizado eventos paralelos a rebufo de la feria Spannabis que se celebra en Cornellà de Llobregat (la más importante del sector cannábico de nuestro país y de Europa). Una feria que a finales de enero de 2019 el gigante del periodismo cannábico estadounidense High Times Holding Corp. Compro por unos 7 millones de dólares.
Otro ejemplo claro del desembarco de capital extranjero en nuestro país lo representa la firma Freedom Leaf, de Las Vegas que adquirió en el municipio de Benifaió (Valencia) un invernadero de 40.000 m2 para plantar cáñamo. No hace falta continuar, los ejemplos superan la mera anécdota y son bastante numerosos.
No todo el negocio está en la planta
En España, a pesar de la ilegalidad, la industria cannábica hace años que crece a buen ritmo. El mercado ofrece infinidad de productos asociados o derivados de la planta totalmente legales.
En una sociedad de consumo como la nuestra era de esperar la aparición de todo tipo de “productos cannábicos”. Encontramos de todo. Desde cervezas hasta productos de belleza, aunque desde siempre el gran negocio han sido los accesorios para el cultivo: armarios para plantar en interior, semillas, sustratos, focos, abonos, ventiladores, extractores, etc.
Las semillas son la joya de la corona porque los bancos de semillas, mediante el desarrollo de genéticas particulares, han conseguido lanzar al mercado centenares de variedades que se traducen en negocios de millones de euros. La expansión del cultivo ha permitido la apertura de grow shops (tiendas especializadas) por toda la geografía española. Tiendas que venden los productos necesarios para cultivar, siempre y cuando las semillas tengan menos del 0,2% de THC. Para evita así su fiscalización.
Una parte importante de consumidores, sobre todo los más habituales, recurren al autocultivo para abastecerse, con el consecuente gasto para llevar a cabo su plantación. Difícil saber los millones de euros que desembolsa la ciudadanía española con esta práctica. No cabe duda de que deben ser unos cuantos, porque sabemos que la empresa española Leaf Life, con sede en Madrid y Barcelona y una de las más importantes del sector en nuestro país, tuvo ya en 2016 un volumen de negocio que superó los 12 millones de euros.
¿Cuál será el modelo en nuestro país?
Queda por ver qué modelo económico de regulación del cannabis ofrecerá el legislativo español, si opta por uno ultraliberal o prefiere un sistema híbrido fundamentado en pequeñas empresas.
Un modelo ultraliberal abrirá las puertas a las inversiones extranjeras con el riesgo de desmembrar el actual tejido asociativo. Modelo que en ningún caso generará los cien mil empleos que creará el modelo híbrido fundamentado en pequeñas empresas, autónomos, cooperativas y asociaciones como la nuestra.
Nos gustaría pensar que la regulación española se alejará de un modelo de capitalismo desatado y primará más al actual tejido asociativo, representado por muchas asociaciones de consumidores como la nuestra.