Estados Unidos ha optado por la regulación del mercado del cannabis con distintos grados de intervención pública. Un estilo más acorde con los valores individualistas y capitalistas fuertemente arraigados en esta sociedad, con una tradición de intervención estatal limitada en la vida de la ciudadanía y en la gestión de los asuntos públicos.

La situación legal y política del cannabis en los diferentes estados de EE.UU. es muy variada, a pesar de que la posesión y distribución de cannabis es un delito federal bajo la Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act).

En 10 estados el uso de cannabis es legal para las personas adultas, habiendo todos ellos autorizado previamente el cannabis medicinal. Washington y Colorado fueron los estados pioneros en regularlo mediante referéndums en el año 2012, siendo las dos primeras jurisdicciones del mundo en hacerlo.

Alaska y Oregón les siguieron en 2014, año en el que también se legalizó el cannabis en la capital, Washington DC, si bien poco después el Congreso impidió la venta de cannabis en la ciudad.

California, Maine, Massachusetts y Nevada se sumaron en 2016 y, a comienzos de 2018, Vermont se convirtió en el primer estado en autorizar la posesión y el cultivo doméstico mediante una ley aprobada en su Congreso estatal.

Otros estados, si bien no han regulado el mercado de uso adulto, han dado pasos importantes hacia leyes de cannabis menos punitivas. Una treintena de estados cuentan con leyes de cannabis medicinal. Varios, además, han retirado las penas de cárcel por posesión de pequeñas cantidades de marihuana.

Cada estado regula de manera diferente las particularidades del mercado de cannabis, como el cultivo doméstico, las licencias de producción y comercio, los puntos de venta, la trazabilidad del cannabis o los impuestos que se aplican. No obstante, en todos los casos la regulación adopta una óptica capitalista y de injerencia mínima de las administraciones en las decisiones individuales.

Una estela de legalización que todos siguen

Si bien es pronto para extraer una conclusión definitiva, el hecho de que muchos estados hayan seguido la estela de Washington y Colorado y que ninguno quiera volver atrás nos da una cierta idea del éxito de estas iniciativas; iniciativas que con el paso del tiempo llevaran a más estados a seguir esta estela, si Donald Trump no lo impide mientras expulsa del país a un pobre inmigrante por comerse un gato o un perro.

En la actualidad, el cannabis es legal en uno de cada cinco estados, y el cannabis medicinal en tres de cada cinco. Según un estudio de Gallup de octubre de 2018, el 66% de la población estadounidense apoyaba la legalización del uso de cannabis, una opinión transversal en todas las regiones del país, grupos de edad y afiliación ideológica.

De acuerdo con la evaluación realizada por la organización Drug Policy Alliance en 2018, los estados están ahorrando recursos, antes invertidos en aplicar las leyes punitivas en contra del cannabis, destinándolos ahora, por ejemplo, en el caso de Colorado, a programas educativos, construcción de escuelas o prevención del acoso escolar.

También ha tenido efectos positivos para la salud pública, pues permite el control de calidad y la trazabilidad de los productos que se consumen. El consumo entre las personas más jóvenes y la conducción bajo los efectos del cannabis, dos de los temas que más preocupan en estos procesos, tampoco parecen haber incrementado las estadísticas en los estados donde se ha regulado.

Además de estos impactos positivos, la regulación de estos mercados en el contexto capitalista estadounidense ha abierto nuevas reflexiones sobre la legalización del cannabis y sus consecuencias.

Una historia más de hombre rico hombre pobre

Una de las más relevantes ha sido la desigualdad en el acceso a la industria del cannabis, que está reportando enormes beneficios a una nueva clase empresarial cannábica, en su mayor parte conformada por hombres blancos de una holgada posición social, los denominados WASP (acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant, que se usa para referirse a los norteamericanos blancos originarios del norte de Europa).

En EE. UU. se detectan problemas en relación con una industria dominada por hombres blancos ricos (WASP) y un difícil acceso para afroamericanos y latinos, las comunidades más afectadas por la prohibición.

No es precisamente el colectivo WASP el que más ha sufrido las consecuencias de las políticas punitivas, más bien todo lo contrario, siendo los colectivos de población afroamericanos y latinos de origen humilde, los que han sido más perseguidos de forma racista y discriminatoria, por lo que no se puede separar la legalización del cannabis de las injusticias cometidas en nombre de la llamada “guerra contra las drogas”.

Ya lo decía en el siglo XV don Francisco de Quevedo “poderoso caballero es don dinero”. Por desgracia, en este nuevo suculento mercado de la marihuana, tanto recreativa como terapéutica, son los grandes popes y fondos de inversión americanos, los que diversifican, desde hace ya unos cuantos años, sus carteras de inversión, tomando solidas posiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Así que, como en todo el orden de las cosas, los ricos más ricos y a los demás que nos caiga un cogollito para podernos hacer un canutito.