A pesar de los avances en tres décadas, el movimiento cannábico español ha lidiado continuamente con obstáculos de diversa índole.
Las asociaciones y cultivadores han estado bajo la amenaza permanente de acciones penales. Muchas figuras del movimiento han pasado por procesos judiciales.
La Guardia Civil lanzó operaciones contra grow shops, con decenas de tiendas registradas, también hubo redadas coordinadas contra bancos de semillas nacionales. También se dieron golpes cerrando de golpe varias asociaciones.
Activistas emblemáticos han sido detenidos y condenados. Fernanda de la Figuera (“la abuela del cannabis”) fue detenida en 2018 por cultivar para enfermos, enfrentando un juicio mediático; Albert Tió y otros de la Federación de Asociaciones de Cataluña fueron condenados en 2019 y entraron en prisión en 2020 hasta obtener un indulto parcial en 2022.
Fernanda de la Figuera fundó varias asociaciones y partidos políticos a favor de la legalización del cannabis.
Tió fue uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de CSC que aprobó el Parlamento catalán en 2017.
Cada uno de estos casos tuvo un efecto amedrentador en el movimiento. La ausencia de regulación deja un amplio margen a la interpretación.
Algunas Audiencias Provinciales han absuelto a CSC aplicando la doctrina de consumo compartido, mientras otras han condenado. Esta incertidumbre jurídica es en sí un obstáculo, pues dificulta la planificación de actividades a largo plazo por parte de las asociaciones.
La Ley de Seguridad Ciudadana (tanto la de 1992 como la de 2015) ha supuesto un régimen de multas que impacta a los consumidores. Se calcula que cada año se imponen decenas de miles de sanciones por tenencia-consumo en vía pública, lo que significa un castigo económico y estigmatizante.
Acciones policiales discriminatorias
Colectivos de usuarios denuncian que la policía a veces usa estas sanciones de forma discriminatoria. Además, las reformas del Código Penal en 2010 y 2015 endurecieron algunos aspectos, la introducción del delito de “asociación ilícita” ha sido usada contra 365 juntas directivas de CSC, y la figura de grupo criminal ha tratado de imputarse a organizaciones de autocultivo.
Durante mucho tiempo, la imagen social del “fumeta” ha sido negativa en España, asociada a marginalidad o falta de responsabilidad. Los activistas se han enfrentado a discursos sanitarios alarmistas y a la inercia de décadas de prohibicionismo.
También ha costado involucrar a profesionales (médicos o educadores) en un debate libre de prejuicios. No obstante, esta barrera se ha ido reduciendo. Encuestas recientes muestran que la mayoría de la sociedad española apoya la legalización del cannabis medicinal y un porcentaje creciente su consumo recreativo.
Falta de voluntad política
Pese a ello, persisten obstáculos políticos. Ningún gran partido español ha asumido plenamente la agenda del cannabis. Los gobiernos sucesivos, temiendo el costo electoral, han evitado afrontar reformas, manteniendo de facto el statu quo prohibicionista.
Esta falta de voluntad política ha sido quizás el mayor freno, obligando al movimiento a maniobrar en los márgenes de la legalidad durante décadas. España está suscrita a los tratados de fiscalización de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que limitan las opciones de legalización.
Cada vez que en una comunidad autónoma o el Congreso se plantea regular el cannabis, surge el argumento de los compromisos internacionales. Aunque países como Canadá o Uruguay han reinterpretado dichos tratados y han avanzado, en España se percibe aún como un obstáculo jurídico a resolver, requiriendo al menos una despenalización a nivel estatal antes de incumplir tratados.
