¿Reglamentar el cannabis o seguir prohibiéndolo? La respuesta parece evidente: es mejor reglamentar que prohibir. Si se regulase la planta y sus derivados, el control de la producción, distribución y consumo, lo tendría el Estado. Hoy, bajo la prohibición ese control lo tienen los traficantes.

El Estado podría aplicar controles sanitarios, garantizar la calidad del producto e informar sobre composición, dosificación y posibles efectos adversos; los traficantes se evitan estas garantías.

Por otro lado, el control estatal supondría someter la producción y el consumo a imposición fiscal y, aun no siendo este argumento el más importante para preconizar un régimen de regulación, tampoco es despreciable. Naturalmente, el traficante no tributa, ni cobra IVA, recibiendo entera la prima de la prohibición.

Especial mención merece la prevención y la reducción de riesgos: para el Estado es más fácil hacer una política de prevención de consumos no deseables desde un régimen de reglamentación que desde la represión; por ejemplo, utilizando a los agentes de la distribución como mensajeros de la prevención.

En un marco legal muy precario, desde las Asociaciones Cannábicas como la nuestra, ya venimos realizando muchas de estas funciones: como la de garantizar la calidad de nuestro cannabis, de acceso exclusivo a personas asociadas MAYORES DE EDAD, a la par de fomentar una política de reducción de riesgos.

Esto ya ocurre con las cajetillas de tabaco que incorporan advertencias sanitarias en sus cuatro caras (“Fumar mata...”, “No fume: siga vivo para sus seres queridos”), además de la prohibición de venta a menores y la indicación de dónde pedir ayuda para abandonar el hábito, todo ello junto con imágenes, normalmente muy duras, que reflejan las consecuencias del consumo. Todo esto, lo lleva el fumador en su bolsillo y lo ve cada vez que coge la cajetilla.

Nada de esto puede hacerse desde la prohibición, por más que existan campañas generales que indiquen los riesgos de ciertos consumos no regulados. Además, es obvio que un traficante no advierte de los riesgos de consumir la sustancia prohibida que vende, ni ofrece ayuda para la deshabituación, ni pide el DNI a un joven para comprobar su edad y abstenerse de venderle.

Todo lo anterior ya justificaría optar por un régimen de regulación y control estatal del cannabis. Pero hay más: la prohibición ha sido un fracaso que no ha alcanzado su meta declarada de “conseguir un mundo libre de drogas”; más bien al contrario, porque cada vez hay más drogas distintas, en mayores cantidades, más peligrosas, más baratas y accesibles para cualquiera, menores incluidos. Pero, además, hoy todos conocemos los “efectos colaterales no buscados” de la prohibición: crimen organizado, delincuencia callejera, sustancias muy peligrosas en las calles, corrupción, etc.

Tratándose del cannabis, podemos afirmar que los regímenes de regulación han llegado para quedarse: Uruguay, más de once estados de Estados Unidos, Canadá y Alemania, son solo los primeros.

El caso más claro es el de Estados Unidos: a pesar de las políticas restrictivas del actual presidente, reaccionando a las anteriores de la administración demócrata, se han ganado referéndums de legalización del cannabis recreativo durante el mandato de Trump.

Mención aparte merece el cannabis medicinal. En este caso no es solo que sea preferible la reglamentación sobre la prohibición. Es más: la reglamentación, que no contraviene la normativa internacional, es un imperativo ético y la prohibición de la cura o del alivio atenta contra la dignidad de los enfermos.